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Un grupo de parlamentarios de la UDI anunció la presentación de un proyecto de reforma que le permita al Congreso la posibilidad de decretar Estado de Excepción. Es decir, extender una facultad que hoy recae, exclusivamente, en el Presidente de la República. Y que se aplica principalmente en situaciones de catástrofe, tal como ocurrió en la última emergencia por los incendios en la zona centro sur. La propuesta plantea que con el voto favorable de  tres cuartas partes de los congresistas en ejercicio que pueda aprobar cualquiera de los estados de excepción, obligando al Ejecutivo a implementarlo en 6 días.

Una modificación que requiere un debate a fondo, por el calibre de sus efectos. Porque adoptar una medida como esta implica restricciones a ciertas garantías fundamentales en cualquier democracia, como limitar el derecho a reunión o circulación, o en el ejercicio del derecho de propiedad, o incluso requisamiento de bienes. Clatramente no es algo tirvial y las condiciones para decretar alguno de los estados de excepción deben ser absolutamente justificadas. Solo para situaciones realmente extraordinarias, donde las facultades del Ejecutivo y de las Fuerzas de Orden sean insuficientes ante una calamidad.

El problema de delegarlo en el Congreso es que podría haber un uso político de estas medidas y que se convocara, de forma más frecuente, ante escenarios que no lo ameritan. Desvirtuando su caracter. Por ejemplo, en zonas donde haya focos de violencia. ¿Cuáles lo ameritarían? ¿Es necesario conculcar derechos fundamentales para evitar determinados delitos? Son algunas de las dudas que surgen ante este proyecto, que desde un punto de vista político, además, sería un paso incipiente hacia un sistema menos presidencialista. En marzo, cuando se presente el proyecto, veremos el debate.

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