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Exceso de rigor de la jueza, negligencia del fiscal o error de carabineros. Todos tienen una opinión sobre quién es el responsable del bochorno de esta madrugada, cuando los 17 detenidos por el fraude en la policía uniformada quedaron libres al ser declarado ilegal su arresto. La jueza Irene Rodríguez argumentó que a los carabineros detenidos no se les informaron todos los cargos y que el control de detención debió hacerse en las ciudades donde fueron aprehendido. Pero otros sostienen que es justo en la audiencia de detención donde se deben subsanar esas dificultades en vez de declarar ilegales las detenciones.

La recriminaciones se dispararon. El ministro del Interior culpó a la fiscalía, diciendo que lo ocurrido es “responsabilidad directa” de ellos; el Fiscal Regional le contestó que “seguramente no ha tenido nunca en sus manos una orden de detención”, y el Fiscal nacional escaló la polémica al decirle al jefe de gabinete que “desconoce cómo funciona el sistema penal”. La diplomacia quedó de lado mientras cada autoridad defiende a su gente: carabineros de un lado, fiscales del otro.

Más allá de las palabras más o menos, este bochorno judicial debería llevar a plantearse  si es prudente que sea carabineros, y no la PDI, el encargado de investigar y cumplir órdenes en un caso que involucra a ex altos mandos de esa institución, obligando a carabineros a arrestar a ex carabineros, de mayor rango además. Hoy en la encuesta Cadem la confianza en la policía uniformada cayó 12 puntos, sin duda un efecto directo de este escándalo. Parece lógico entonces despejar cualquier suspicacia, como las que sin duda se dispararán en cualquier error o tropiezo que tenga esta investigación.

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