Tres días después de haber suspendido la Asamblea Nacional y asumido las funciones del legislativo, el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin efecto la medida a instancias del Consejo de Defensa de la Nación, que lo exhortó a revisar la sentencia que muchos consideraron un autogolpe.
Para la oposición, sin embargo, y buena parte de la comunidad internacional, no restablece la normalidad institucional.
Ya antes del intento por suspender el parlamento y desde hace varios años Venezuela ha sido denunciado por organismos de Derechos Humanos principalmente por la situación de los presos políticos y el propio Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro llamo “dictadorzuelo” a Maduro, por negarse a convocar a un referéndum revocatorio, consagrado en la constitución.
Sin embargo, la presión interna y externa no tenía efectos visibles, hasta hoy. La condena internacional a la suspensión del parlamento y de la propia fiscal general de Venezuela, reconocida como Chavista, pudieron en parte revertir la ruptura del orden constitucional y podrían conducir al camino de diálogo que necesitan los venezolanos que día a día sufren el desabastecimiento derivado de la crisis económica, política e institucional.
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